Desistiment unilateral del contracte d’obra pel Promotor: conseqüències legals
Marc legal del desistiment unilateral del contracte d’obra
L’article 1.594 del Codi Civil expressament manifesta que el propietari de l’obra pot desistir del contracte en qualsevol moment, de forma unilateral i sense haver de justificar-ne la causa. No obstant, haurà d’indemnitzar el contractista no només en aquelles despeses que hagués tingut per a l’execució de l’obra sinó també en tot aquell benefici industrial que hagués estat de profit per al propietari.
Doctrina jurisprudencial sobre el desistiment
En aquest sentit, cal fer referència a la Jurisprudència del Tribunal Suprem que literalment manifesta:
Sentència del Tribunal Suprem de data 12 de juliol de 2000:
A falta de una regulación general de la figura del enriquecimiento sin causa en nuestro ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la sustenta en el principio general del Derecho de que nadie puede enriquecerse injustificadamente –torticeramente como decían Las Partidas, o injustamente, o sin justicia o sin razón– a costa de otro creándose, en caso de haber llegado a producirse así aquel beneficio, la obligación de restituir o reparar el patrimonio empobrecido por quien, a costa de él, ha enriquecido el suyo y no cabe otro remedio reparador preferente por lo que la acción restauradora basada en la producción de aquel efecto sería subsidiaria de esta otra primaria y habrá de sustentarse en la realidad de los dos presupuestos esenciales ya enunciados –enriquecimiento a costa de un empobrecimiento–, en la falta de causa que los justifique y en la inexistencia de precepto legal que lo imponga , prescindiéndose, en la apreciación de su producción, de todo lo que no sea la realidad del enriquecimiento y su justificante –se prescinde de toda idea de culpa o maquinación originadoras–, quedándose en aquel efecto, cualquiera que sea su origen, carente siempre de causa justificativa.”
Esa concepción, que sólo exige una correlación entre tales empobrecimiento y enriquecimiento, puede tener cabida tanto en el supuesto de una relación directa entre ambos interesados o a través de una atribución patrimonial indirecta desde la situación patrimonial de un tercero, siempre que los demás requisitos, incluido el de la subsidiariedad de la medida reparadora, concurran en el supuesto. El resultado injustificado es la esencia y núcleo del principio impeditivo del enriquecimiento. Sin más condicionamientos se establecen esos escuetos requisitos en las sentencias de esta Sala de 28 de enero de 1956 ( RJ 1956, 669) y 13 de octubre de 1995 ( RJ 1995, 7080) con las que en ellas se citan.
Sentència del Tribunal Suprem de 25 de novembre de 2002:
Los motivos carecen totalmente de fundamento. Reconocida la incompatibilidad entre las dos causas de extinción del contrato consistentes en el desistimiento unilateral del dueño de la obra y la resolución contractual por incumplimiento, resulta evidente que en el caso se produjo la primera tal y como se reconoce en la Sentencia del Juzgado y resulta de la documentación obrante en autos. Además, tal solución es la coherente con la actuación procesal de la parte demandada, que en su escrito de contestación menciona el art. 1594 CC (folio 236) y en ningún momento planteó en forma una resolución por incumplimiento de la entidad actora, lo que además habría exigido accionar mediante demanda o reconvención ( SS. 1 diciembre 2001 [ RJ 2001, 9920] y 12 febrero 2002 [ RJ 2002, 3110] , entre otras).
Finalmente, es de señalar como respuesta general al recurso que, como ya indicaron las Sentencias de 20 de febrero de 1993 ( RJ 1993, 1003) y 28 de junio de 2000, el derecho del contratista a percibir la indemnización prevista en el art. 1594 del Código Civil no depende en absoluto de los móviles que hayan inducido al propietario a desistir unilateralmente del contrato de obra; siendo de observar especialmente en relación con el supuesto litigioso que de lo razonado en las Sentencias de instancia claramente se deduce que no hubo dos obras distintas, sino que en el curso de la ejecución de una obra única se introdujeron alteraciones y modificaciones en el proyecto inicial, por indicación o con autorización de la propiedad –lo que evidentemente supone una novación modificativa del contrato de obra originario ( S. 26 septiembre 2001 [ RJ 2001, 8153] )– de ahí que, ante el desistimiento unilateral del contrato por el dueño antes de la completa finalización de la obra y con el buen criterio de componer con los mayores visos de acierto los contrapuestos intereses en juego, el Tribunal adoptase el acuerdo de interesar un dictamen pericial a fin de precisar el importe de la indemnización que tenía derecho a percibir el contratista tomando en cuenta los dos factores básicos del trabajo realmente efectuado y las cantidades ya cobrada.
Sentència del Tribunal Suprem de data 28 de juliol de 2000:
Decidido por el comitente de la obra el desistimiento de su realización en uso de la facultad que le confiere el art. 1594 del Código Civil, las consecuencias de esa decisión vienen determinadas en el mismo precepto –indemnización al contratista de «todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener» de la realización de la obra– que no cabe identificar con las consecuencias que, desde lo pactado y por resolución en caso de incumplimiento, establece el art. 1124, del propio Código porque, como ya resolvió la sentencia de 8 de julio de 1983 ( RJ 1983, 4203) , uno y otro precepto «responden a heterogéneos presupuestos, como también son disímiles sus consecuencias en orden a las respectivas indemnizaciones», reiterando lo que ya habían decidido las que la misma recoge y a las que cabe añadir las de 5 de mayo de 1983 ( RJ 1983, 2624) , 19 de noviembre de 1984 ( RJ 1984, 5565) , 7 de octubre de 1986 ( RJ 1986, 5330) y, culminando sobre la autonomía entre los dos preceptos, la de 20 de febrero de 1993 ( RJ 1993, 1003) al señalar que «el derecho del contratista a percibir la indemnización no depende en absoluto de los móviles que hayan inducido al propietario a desistir unilateralmente del contrato de obra», por lo que no cabe la aplicación a este supuesto de lo establecido en la cláusula decimoséptima del contrato en que, como contratista, se subrogó la recurrente ya que no responde dicha cláusula a utilidad calculable y sí a sanción por causa de resolución imputable a la propietaria que aquí no incurre en los presupuestos del contrato y del precepto y sí, en cambio, hace uso del derecho que a su sola voluntad concede aquel art. 1594.
TERCERO
Respetando la normativa aplicable a los hechos que fundamentan la demanda rectora, la sentencia recurrida, independientemente de abono de gastos y pago ya hecho de jornales, tiene presente, para llegar a fijar la indemnización por utilidad que estima adecuada para la contratista el precio de la obra y el porcentaje generalizado del 15% sobre el mismo que no puede ser más que indicativo como se infiere de las sentencias de 13 de mayo de 1983 ( RJ 1983, 2822) y aun de la de 8 de octubre de 1987 ( RJ 1987, 6766) , y parte, igualmente por remisión expresa que a ello hace, de las razones establecidas al efecto en la sentencia de primera instancia en su fundamento jurídico tercero mostrando un equilibrio de valores que únicamente en su cuantificación económica es elevado en la sentencia recurrida.
Sentència del Tribunal Suprem de data 13 de maig de 1983:
Que en el motivo sexto del recurso, al amparo del ordinal 1.º del art. 1692 de la L. E. Civ., denuncia el recurrente a la resolución impugnada de haber interpretado erróneamente el art. 1594, del C. Civ., al cifrar la indemnización que correspondía al contratista por aplicación del últimamente citado precepto en el 15 por 100 atribuible al llamado «beneficio industrial», siendo así que, según aduce, con la O. de 18 mayo 1960 en tres partidas correspondiente al 1 por 100 de imprevistos, al 5 por 100 de dirección de obra y al 9 por 100 de estricto beneficio industrial, entendiendo por ello que al no haberse realizado la obra contratada respecto a cuatro depósitos la única cantidad de procedente abono al contratista era la significada por el 9 por 100 del presupuesto de ejecución y no la del 15 por 100 fijado por la sentencia recurrida, más olvidando al argumentar así que la referida sentencia, según sus razonamientos, en trance de concretar la indemnización procedente lo verifica, a falta de otros elementos probatorios, acogiendo como criterio estimativo el generalizado que da como presupuesto una utilidad del 15 por 100 con carácter neto, pues no es dable inferir que gastos cual los de dirección de obras y otros generales no fueran comprendidos con criterio lógico en las de «ejecución material de lo contratado», provocando ello la desestimación del motivo que, por lo argumentado, carece, además, de bases fácticas que autoricen su prosperabilidad.
Indemnització pel lucre cessant: criteris i càlcul
En definitiva, la nostra Jurisprudència és clara i pacífica quan entén que en cas de desistiment de l’obra per part del concedent (Promotor o Propietari de l’obra), i amb absoluta independència de la motivació del desistiment, el propietari ha d’indemnitzar el Contractista, no només per tal de rescabalar-lo de les despeses que li ha generat l’execució de l’obra fins el moment del desistiment, sinó que addicionalment, haurà d’indemnitzar-lo en el lucre cessant, marge de benefici o la utilitat deixada d’obtenir.
Com es determina el benefici industrial o utilitat deixada d’obtenir?
Els nostres tribunals no són pacífics en aquest punt.
La jurisprudència tradicional identifica la utilitat que es podria obtenir amb l’obra amb el benefici que l’empresari (contractista) hauria obtingut si s’hagués realitzat la totalitat de l’obra (Sentències del TS de 10-03-1979, 15-12-81, 13-05-83), descomptant el que efectivament s’hagués obtingut per la realització eventual d’una part de l’obra i el consegüent cobrament d’una part del preu. Així mateix, s’assenyala que per fixar l’import del benefici s’ha d’atendre en primer lloc al que s’hagi pactat al contracte, i, en defecte d’això, als usos mercantils (així, la Sentència del TS de 13-05-83 va fixar aquest benefici en un 15% del preu pactat).
Hi ha una sentència relativament més recent que s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió, concretament la Sentència de la Sala Civil del Tribunal Suprem núm. 208/2016, de 5 d’abril (recurs 726/14, Ponent Sr. Pantaleón Prieto), en la qual es confirma la doctrina tradicional a la qual hem fet referència. S’hi indica que la “utilitat que es pogués obtenir” amb què finalitza l’article 1594 del Codi Civil s’identifica amb el benefici industrial que l’empresari hauria obtingut si s’hagués realitzat la totalitat de l’obra, descomptant aquell que, si escau, hagi cobrat del comitent per la part de l’obra realitzada fins al desistiment. També s’hi assenyala que no s’han d’incloure en aquesta indemnització les despeses generals del contractista, i que, a l’hora de calcular l’import del benefici industrial a indemnitzar, s’ha d’atendre en primer lloc als marges o referències que constin al contracte; només a manca d’aquests s’ha admès l’ús d’un marge del 15%, tot i que aquest no és un percentatge immutable, sinó subjecte a les circumstàncies econòmiques i socials.
No s’ha de confondre el benefici industrial que el contractista pot obtenir en una obra concreta amb el benefici empresarial que obté com a empresari en un exercici econòmic. El benefici industrial d’una obra concreta ve determinat per la relació entre les despeses i ingressos que el contractista té en aquella obra, mentre que el benefici empresarial d’un exercici econòmic ve determinat pel total dels ingressos i despeses d’aquest exercici. Pot donar-se el cas que un empresari constructor realitzi diverses obres amb benefici industrial en un exercici i, al final d’aquest, tingui pèrdues a causa de les despeses generals i estructurals de l’empresa que no s’han cobert amb els beneficis concrets.
D’altra banda, cal assenyalar que el benefici industrial d’una obra executada per una empresa mercantil amb ànim de lucre és un element consubstancial a l’obra, ja que, com és obvi, aquesta es realitza per obtenir un benefici cert per part del contractista. Si aquest benefici no s’obté, és per circumstàncies sobrevingudes i no previstes en el moment de contractar l’obra, en concret per despeses sobrevingudes que no es poden repercutir al comitent (p. ex., un augment del cost dels materials o de la mà d’obra). Per això, en aquest cas no és aplicable la doctrina jurisprudencial que exigeix una prova certa del lucre cessant, ja que s’aplica l’excepció, àmpliament reconeguda per la jurisprudència, segons la qual no és necessari provar el lucre cessant quan aquest es genera de forma necessària o inexcusable, o és consubstancial i inherent a una determinada activitat econòmica.
En defecte de pacte contractual específic, cal acudir, tal com assenyala la jurisprudència, als usos empresarials del sector de la construcció. Si bé tradicionalment el nostre Tribunal Suprem ha vingut defensant que el percentatge del pressupost total de l’obra que es correspon amb el benefici industrial podria apropar-se al 15%, aquest percentatge no pot considerar indiscutible.
Hi ha altres criteris a tenir en compte, com per exemple l’article 246.4 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic que estableix el benefici industrial en un 6% del pressupost de l’obra deixada d’executar.
Fonts i referències per calcular el benefici industrial
Molts Col·legis Professionals publiquen periòdicament barems orientatius de costos indirectes i benefici industrial per a projectes de construcció. No són normatius, però sí molt valorats com a prova pericial. Així, per exemple:
- Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB): publica dades en les Bases de dades BEDEC i pot incloure marges estimats de benefici industrial.
- Consell General de la Arquitectura Tècnica d’Espanya (CGATE): té informes tècnics i recomanacions aplicables a nivell estatal.
És habitual que aquests informes situïn el benefici industrial entre el 6% i el 10%.
Col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics o enginyers d’edificació sovint tenen bases de dades de costos (com ara el Banco BEDEC de l’ITeC a Catalunya) que inclouen desglossament de partides amb percentatges de benefici industrial. Així, per exemple:
- COAAT Barcelona: en alguns estudis orientatius parteixen d’un 6-8% de benefici industrial,
- ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya): el seu banc de dades BEDEC permet consultar pressupostos amb marges i coeficients detallats per tipologia d’obra.
Conclusió: dificultats en la concreció de la indemnització
En definitiva, si bé és cert que el contractista té dret, indiscutiblement, a obtenir una indemnització en cas de desistiment del Promotor respecte a l’obra que s’estava executant (sense justa causa), en aquest cas, la complexitat vindrà donada per la dificultat de determinar l’import i concreció de la indemnització.
